EL DESARME CIVIL Y EL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD

Si bien no existe un derecho expreso en la constitución a portar armas, equivalente, a la segunda enmienda del Bill of Rights de los Estados Unidos de América que como consecuencia histórica del papel importante que tuvieron los civiles, frente al Ejercito Británico, estableció el derecho de los ciudadanos a portar armas. Esto no significa que las nuevas leyes sobre posesión y uso de armas de fuego en el Perú vigentes no generen en casos concretos una amenaza manifiesta e inminente en los derechos fundamentales de algunos ciudadanos.

Desde la entrada en vigencia de las normas,  Ley N° 29954, Decreto Supremo N° 006-2013-IN-04-13-2013,  Decreto Supremo N° .014-2013-IN, Decreto Legislativo N° .1127 , se ha generado una controversia entre todas las Asociaciones Civiles de Propietarios de Armas, Clubs de Tiro, y grupos empresariales dedicados a la comercialización de armas , ellos argumentan que este grupo de normas atentan contra el contenido esencial de derechos fundamentales como el de Propiedad y el de Asociación.

Independientemente de los motivos políticos detrás de estas normas, me gustaría comentarles que hace poco el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en ejercicio del Control Difuso de la Constitucionalidad, declaró fundado el Proceso de Amparo, interpuesto por el Ex viceministro del interior Dardo Alberto López Dolz Madueño, la demanda se fundamentó en el cese de la amenaza de sus Derechos Constitucionales, ocasionados por las disposiciones.

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            El artículo 27 inciso 9 de la Ley  25054 modificado por la Ley 29954

·      Los artículos 79, 97 y 98 del Decreto Supremo N° 007-98-IN, modificado por el decreto supremo N° 006-2013-IN

En palabras sencillas, estos dispositivos, prohíben el uso y posesión de armas de calibres iguales o más potentes al 9 milímetros parabellum, imponiendo la obligación de venderlas, a miembros de las Fuerzas Armada o de la Policía Nacional del Perú, de no lograr tal acuerdo igual deberán entregar en custodia sus armas sin recibir pago alguno; sin garantizarte ningún precio justo respecto a esas ventas, pues el precio de las armas se definirá en la voluntad de los compradores habilitados por la norma quienes tienen una evidente ventaja en la negociación.

La finalidad, según el Ministerio del Interior, manifestada en la contestación de esta demanda de amparo, era que al desposeer a los ciudadanos de esas armas, se implementaría a las fuerzas del orden favoreciendo la seguridad ciudadano, y que todo esto tiene su fundamento en el Ius Imperium del Estado, acatándose esas leyes porque así lo ha determinado el Estado Peruano y punto, sin considerar siquiera una indemnización justipreciada.

Además dichas normas  limitan el  número de armas que se puede poseer, y exige  para portar armas deportivas el deber de estar inscrito en una asociación adscrita al Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Las procuradurías del Congreso de la Republica y del Ministerio del Interior señalaron que la demanda debería ser declarada improcedente pues las normas que se cuestionan no son Autoaplicativas debido a que el actor solo estaría invocando la posibilidad abstracta de una amenaza de despojo de sus bienes y no una agresión concreta de sus derechos.

Y que no se vulnera derecho fundamental alguno debido a que no existe ningún derecho fundamental a portar armas, de manera que las normas en cuestión no son lesivas.

Cosa que desde mi punto de vista no puede estar más alejado de la verdad, en el sentido que para las personas que adquirieron de manera legal, ese tipo de armas o tuvieron licencia deportiva antes de la vigencia de las normas, la sola entrada en vigencia de estas, incide en el contenido constitucional de los derechos de Propiedad y Asociación de los demandantes, de manera acertada la judicatura expreso lo siguiente:

Estas normas son autoaplicativas en el sentido que con la sola vigencia de esos dispositivos, el demandante estuvo impedido de usar, seguir poseyendo sus armas que tenían calibre 9 Parabellum. Además de no poder seguir poseyendo y  usar sus armas deportivas sin antes cumplir con integrarse a una asociación adscrita al IPD”,

Es decir que como consecuencia de la vigencia de los dispositivos se generan situaciones jurídicas que amenazan manifiestamente los derechos del demandado, no necesitándose ningún acto adicional concreto para que se generen estas.

La Judicatura estableció que las normas no pasaban el examen de proporcionalidad en razón del subprincipio de necesidad, y que estas normas no solo vulneraban los derechos de Propiedad y Asociación, sino también se configuraba una agresión sobre el derecho de libertad de contratación reconocido en el Art. 2 inciso 14 de la Constitución Política del Perú.

A manera de reflexión, México es uno de los países que puede preciarse de tener una de las regulaciones más estrictas del mundo respecto a la posesión de armas, estableciendo incluso consecuencias penales muy severas respecto a la tenencia ilegal de armas, pero desde que se implementaron estas normas, el mercado negro de armas creció de una manera vertiginosa; creo que es un ejemplo de cómo las leyes de desarme civil repercuten en el ciudadano que cumple con la ley y no en el delincuente, que en razón de sus actividades siempre encontrará la forma de abastecerse.

Angel Correa Freire

Cárcamo Abogados S. Civil de R.L.